La mediación lingüística como garantía de derechos en Brasil: hacia políticas institucionales de traducción e interpretación en la Defensoría Pública de la Nación

Resumen

Los recientes flujos migratorios a Brasil exigen del Estado una nueva mirada a las necesidades sociales de las personas recién llegadas al país. La aplicación de una política lingüística y de traducción también es a menudo una condición para el acceso de la población inmigrante a los sistemas de prestación de servicios públicos. En este sentido, confiada con la misión de garante de los derechos humanos, la Defensoría Pública de la Unión (DPU), con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios de asistencia legal prestados a los inmigrantes en Brasil, creó la Coordinación de Traducción (CTRAD), ante el Centro de Traducción (NuTrad), en asociación con la Universidad de Brasilia (UnB). Inicialmente responsable de la traducción de documentos procesales, CTRAD, en vista del aumento exponencial de las demandas de atención por parte de los no hablantes de portugués, ha ido ampliando sus actividades con la creación de un servicio de mediación lingüística entre el agente público y el solicitante de la ley. Este crecimiento de las demandas relacionadas con la traducción y la interpretación revela la necesidad de institucionalizar las políticas de traducción implementadas hoy en día en su mayoría por la sociedad civil. Para apoyar estas acciones, se buscó trazar un diagnóstico de la situación sociolingüística del PUD en este contexto, a través de la recolección de datos de los sectores de servicios de las diversas unidades del PUD. Se aplicaron cuestionarios a los asistentes de estas unidades para conocer las dificultades y necesidades lingüísticas en los lugares de atención. Los resultados revelan, por un lado, los retos lingüísticos a los que se enfrentan según los tipos de interacción entre los demandantes de derechos y los agentes públicos y, por otro lado, las grandes indefensiones de las instituciones ante estos retos.